La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa comenzó a trabajar para determinar si existieron irregularidades en el accionar de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia durante su intervención en el caso del bebé de Rancul.

El organismo legislativo analizará las actuaciones y procedimientos administrativos llevados adelante por Niñez y por los funcionarios provinciales que participaron del caso, con el objetivo de establecer si se actuó de acuerdo con la normativa, los protocolos y las competencias correspondientes.

Como una de sus primeras medidas, la Comisión envió una nota al gobernador Sergio Ziliotto para solicitar todos los expedientes, actuaciones y documentación vinculados al caso que se encuentren en poder del Ejecutivo provincial. Esa información será utilizada para reconstruir lo sucedido y analizar de manera integral la intervención de los distintos organismos y funcionarios.

La Comisión está presidida por Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), acompañada por Silvia Larreta (FreJuPa)como vicepresidenta, y las diputadas Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID). Su creación fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados provincial.

Niñez y sus funcionarios, bajo análisis

El trabajo estará puesto específicamente sobre la actuación administrativa de los organismos provinciales y sus funcionarios. La Comisión aclaró que no tiene facultades para revisar el proceso de adopción ni las decisiones tomadas por el Poder Judicial.

El objetivo será establecer cómo actuó Niñez durante el procedimiento, qué decisiones tomó, de qué manera fueron ejecutadas y si cada una de las intervenciones respetó las normas y protocolos vigentes.

A partir de la próxima semana comenzará una ronda de requerimientos de información, citaciones y entrevistas a las autoridades, funcionarios y demás personas que tuvieron intervención en los hechos.

Con los expedientes, documentación y testimonios reunidos, la Comisión buscará determinar si existieron irregularidades en la intervención de los organismos provinciales y qué responsabilidades administrativas o institucionales pudieran corresponder.

Los legisladores anticiparon que las conclusiones de la investigación estarán sustentadas en la documentación y la información que se incorpore durante el proceso, bajo el principio de protección integral y del interés superior de niñas, niños y adolescentes.