Según informó el organismo provincial, la situación fue detectada la semana pasada y estaría vinculada con una pareja que habría recibido al niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.
El 3 de septiembre se realizó una denuncia penal a partir de la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos. Ese mismo día, la pareja involucrada se presentó ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico con el objetivo de regularizar judicialmente la situación.
El pedido fue rechazado por el Juzgado, que además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de un delito relacionado con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Durante las actuaciones también surgieron elementos que podrían indicar que el nombre del niño habría sido modificado mientras se encontraba bajo el cuidado de la pareja. Esta circunstancia fue informada a la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.
Ante la situación, se dispuso de manera urgente una medida excepcional prevista por el sistema de protección integral. El niño permanece actualmente bajo el cuidado de un dispositivo estatal especializado.
La investigación quedó en manos de la Justicia
Desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia remarcaron que las entregas directas de niños entre particulares, por fuera de los procedimientos establecidos legalmente, no constituyen una vía válida para definir vínculos de filiación o adopción y pueden derivar en investigaciones penales.
El organismo recordó que los procesos de adopción requieren la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
En este caso, las actuaciones continúan bajo intervención judicial, mientras los organismos de protección de derechos mantienen el resguardo del niño y realizan las intervenciones correspondientes.