La Provincia de La Pampa formalizó ante la Justicia Federal una medida cautelar para suspender los efectos del Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen de distribución de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

La presentación elaborada por la Fiscalía de Estado, busca que se mantenga provisoriamente el esquema que durante más de cinco décadas repartió las regalías entre La Pampa y Mendoza, mientras se resuelve el conflicto de fondo.

El planteo pampeano apunta especialmente contra los artículos 3° y 4° del decreto presidencial, que dejaron sin efecto el régimen establecido en 1973 y determinaron que, hacia adelante, la totalidad de las regalías quede en manos de Mendoza.

El argumento central de La Pampa

Desde el Gobierno provincial sostienen que el derecho pampeano no surge únicamente del decreto de 1973. El principal argumento jurídico está vinculado con un acuerdo interjurisdiccional firmado en 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa, que contempló el pago de regalías a la provincia y fue posteriormente homologado por la Corte Suprema.

Según la presentación, ese acuerdo no podría ser modificado de manera unilateral por una de las partes. La Provincia considera que el decreto nacional afecta además principios vinculados con el federalismo, la seguridad jurídica y la autonomía provincial.

La disputa tiene además un capítulo judicial abierto. La Corte Suprema ya analiza una demanda iniciada por Mendoza sobre el régimen de regalías y el propio Estado nacional había pedido que La Pampa fuera incorporada al expediente como parte interesada. La solicitud fue admitida por el máximo tribunal el pasado 27 de agosto.

Catorce días después, el Gobierno de Milei modificó por decreto el esquema de distribución que se encontraba bajo discusión judicial.

Un conflicto que excede las regalías

El caso vuelve a poner en el centro la disputa histórica entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel. Los Nihuiles se encuentran íntegramente en territorio mendocino, pero el sistema hidroeléctrico utiliza aguas de un río interprovincial que históricamente generó conflictos entre ambas provincias.

El Gobierno nacional sostiene que las regalías deben corresponder a Mendoza porque la fuente hidroeléctrica y las instalaciones utilizadas para la generación se encuentran dentro de su territorio. El decreto establece que, desde su entrada en vigencia, Mendoza percibirá la totalidad del 12% correspondiente a las regalías hidroeléctricas.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si el cambio dispuesto por Nación puede aplicarse pese a los acuerdos existentes entre las jurisdicciones.

Para La Pampa, la cautelar busca evitar que el nuevo esquema quede consolidado mientras continúa la discusión de fondo y preservar los recursos que la Provincia considera que le corresponden.