Los episodios ocurrieron en el barrio Rucci y comenzaron durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, cuando un Volkswagen Gol fue incendiado. A ese hecho se sumaron otros dos vehículos atacados durante la madrugada del sábado 5, todos en un sector relativamente cercano de la ciudad. Las pérdidas en los rodados fueron totales.

A partir del relevamiento de cámaras y otras tareas investigativas, se realizaron procedimientos en distintos domicilios. En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares y elementos que serían de interés para las causas, además de sustancias que fueron incorporadas a las actuaciones.

Un adulto quedó con prisión domiciliaria

Por el primero de los incendios, ocurrido el viernes, la investigación determinó la participación de un joven de 18 años y un adolescente de 16. El mayor fue indagado y posteriormente formalizado, y se dispuso una prisión domiciliaria por diez días, mientras continúa la investigación.

El fiscal Luciano Rebechi intervino en las primeras actuaciones y solicitó los allanamientos que fueron autorizados por el juez de control Diego Ambrogetti. Según se informó, el joven de 18 años habría participado únicamente del primero de los incendios.

En los dos hechos posteriores aparecen involucrados adolescentes de 13 y 15 años. El joven de 15, de acuerdo con la información difundida durante la investigación, también estaría relacionado con el incendio ocurrido el viernes.

Los incendios coinciden con el estreno del nuevo régimen penal juvenil

El caso adquiere además una particularidad judicial: los hechos del sábado ocurrieron el mismo día en que comenzó a regir la nueva Ley 27.801 de régimen penal juvenil.

La fiscal Emilia Buffone explicó que, desde el 5 de septiembre, los adolescentes de entre 14 y 17 años responden penalmente por los delitos previstos por la normativa, mientras que los menores de 14 continúan siendo considerados no punibles. Por eso, la situación procesal de los adolescentes involucrados no es idéntica y debe analizarse de manera individual.

La fiscal remarcó además que, aun cuando un adolescente sea considerado punible, la privación de la libertad es una medida excepcional y el sistema penal juvenil tiene un objetivo educativo y de reintegración social.

La nueva legislación también pone el foco en la responsabilidad civil de madres y padres por los daños que puedan ocasionar sus hijos, un aspecto que la fiscal consideró importante que conozca la comunidad.

La investigación continúa para establecer con precisión la participación de cada uno de los involucrados y determinar si existe una conexión entre los distintos incendios registrados en los últimos días en General Pico.