El gobierno de Sergio Ziliotto se negó a entregar el contrato que regula las apuestas online de Casino Club en La Pampa, argumentando que su difusión podría perjudicar los intereses de la empresa concesionaria. Esta negativa fue presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el 4 de agosto, tras una solicitud de Julián Angelucci, referente de Avanzar Juntos–Coalición Cívica, quien pidió acceso al contrato vigente y a los resultados de la explotación digital.
Según datos de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS), los pampeanos apostaron casi $4.200 millones solo durante abril. La situación es preocupante, ya que, al ritmo registrado, se estima que el negocio podría movilizar alrededor de $50.000 millones durante 2026, generando ingresos que se distribuyen entre áreas provinciales y municipios.
La negativa a entregar el contrato impide conocer las obligaciones asumidas por Casino Club, el método de cálculo del canon variable, la rentabilidad declarada y las condiciones de prevención de la ludopatía incluidas en el acuerdo. Aunque Casino Club paga un canon fijo en dólares y otro componente asociado al resultado del juego online, la provincia solo publica resoluciones con cifras agregadas, lo que no reemplaza el contrato que define derechos, sanciones y mecanismos de revisión.
El argumento oficial prioriza la protección económica del operador privado sobre el derecho ciudadano a examinar las condiciones bajo las cuales se explota el juego. Además, el impacto social es significativo: el Observatorio Provincial de Drogas ha advertido sobre el crecimiento de las apuestas entre adolescentes, con un 20 por ciento de los estudiantes secundarios apostando dinero online al menos una vez en el último año.
La existencia de una plataforma legal no elimina el riesgo de acceso de menores ni de conductas compulsivas. Por ello, es crucial que se evalúe cuánto invierte el operador en controles de edad, alertas y campañas preventivas, ya que esto forma parte del interés público y no debe ser un secreto comercial ordinario.
La presentación ante la Fiscalía no implica una irregularidad penal, pero sí evidencia que un organismo del Estado provincial ha negado el acceso al documento. La controversia ha pasado a una instancia formal de control administrativo, donde la Fiscalía deberá decidir si hay partes del convenio que merezcan reserva y, en caso negativo, establecer el alcance de la publicidad necesaria para garantizar el control social.
Mientras el contrato siga cerrado, la provincia podrá informar sobre las apuestas y recaudaciones, pero no podrá verificar si el negocio se controla con las obligaciones económicas y sociales que exige una actividad de este volumen. La sociedad reclama transparencia sobre los mecanismos preventivos y medidas que reduzcan el acceso de menores y la proliferación del juego problemático.